Por: Lic. Rocío Gómez.

viernes, 30 de diciembre de 2011

HISTORIA DE LAS TIERRAS COMUNALES Y CONFLICTOS AGRARIOS

Después de la Revolución, el 28 de septiembre de 1921, los vecinos de Tlaltenango solicitaron restitución de tierras, alegando que "los Cerritos" les fue arrebatada de Sta. María Ahuacatitlán, quien era comandado por el general Genovevo de la O. En 1929 se obtiene respuesta a esta petición, mediante una Resolución Presidencial donde se declara improcedente la restitución, pero se reconoce la posesión de la superficie que disfrutan.

Resolución Presidencial en el expediente de restitución de tierras al poblado de Tlaltenango, estado de Morelos. Fue realizada por el presidente Emilio Portes Gil el 29 de noviembre de 1929, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 1930. En éste se reconoce a Tlaltenango la posesión de 273 hectáreas de terrenos comunales, que se delimitan en el plano del "ejido definitivo del pueblo de Tlaltenango" .
La ejecución se realiza el 7 de julio de 1930. Fueron 71 los comuneros beneficiados.

"Antes del 29 era ejido, cuando Emilio Portes Gil lanza un decreto, cambia a comunidad. Aparecen los comuneros, da un decreto Portes Gil. Antes, Tlaltenango era grande, lo fueron haciendo chiquito. Todo lo que era Reforma era Tlaltenango, hasta Vista Hermosa. Le llamaban allá El Llano". Antonio Rodríguez.

Primero existían Bienes Ejidales, pero en 1943 el Ayudante Municipal alega que no puede ser ejido y que se les debe considerar como pequeños propietarios, o en última instancia, propiedad comunal, pues no hubo dotación ni restitución de tierras. En 1973, las autoridades responden y dicen que se trata de terrenos comunales.

JUICIO CON LA SEDENA: CASO ÚNICO.  SE INDEMNIZA AL PUEBLO DE TLALTENANGO POR LAS 21 HECTÁREAS QUE OCUPARON

"De 1991 a 1994 fui Tesorero de Bienes Comunales de Tlaltenango. El año de 1990 se recibió un telegrama sobre un Edicto en contra de la SEDENA, la información nos la dio el compañero Manuel Pièdrola Osorio, que en ese tiempo era Presidente de Bienes Comunales. Se iniciò un juicio. Fuí a los módulos de la Secretarìa Agraria y de ahí al Registro Agrario. El caso se turnó al Tribunal Agrario, que se encuentra en Boulevard Juárez. Se realizaron de 8 a 9 audiencias pùblicas, en las que acudìa el pueblo. Se logró recopilar información para presentar a las autoridades mapas del régimen comunal e información proporcionada por autoridades antiguas. El CORETT y la Secretarìa de Recursos Agrarios complementò la información. El tribunal agrario asignó un tercer perito en discordia.  Según los planos del régimen comunal, el lugar ocupado por la 24ta. Zona militar pertenecía a Tlaltenango. Pero según SEDENA no pertenecía. El Presidente del Tribunal Agrario NO dictò sentencia en contra de la SEDENA porque se llegó a un acuerdo. Lo que es un CASO ÛNICO, pues se resolvió de acuerdo con ambas partes. Una vez llegado al acuerdo, se solicitò a la SEDENA el pago de las tierras que ocupaban las instalaciones. SEDENA consultó con un a empresa de avalúos para poder dar un ofrecimiento de acuerdo a las peticiones esperando su respuesta, el cual fue realizado 30 días después de una Asamblea abierta. En una asamblea pública establecida por la SEDENA se da la información del pago de las tierras ocupadas por sus instalaciones y el pago fue repartido por los comuneros con la condición única, por parte de la SEDENA, de la desaparición del régimen comunal. El edicto en contra de la SEDENA habrìa salido en 1976 y el juicio se realizò entre los años del 92 al 94.  Aproximadamente en el año de 1995, se recibió el dinero por la Mesa Directiva del Régimen Comunal y se repartió el dinero".   Encarnación Sánchez
Pero hubo problemas en esta repartición, pues ésta no fue igual para todos:
"Fui ayudante municipal del 70-al 73. El Departamento Agrario me llamó para que yo llamara a la población y les dijera que podrían recuperar el ejido del pueblo porque según estaba perdido. [...] Hubo juntas pero como al año, como yo no nací aquí, todo el pueblo se vino contra mí, que era fuereño, pero no tenía yo necesidad de pedir tierras pues tenía mi negocio, que yo iba a apoderarme, empezaron a murmurar que no tenía derecho, pues cuando se reintegró todo, recibieron más de 150 mil pesos.  [...] Renuncipe por el 72. [...] Por mi conducto tuvieron lo que no soñaban, pues gestioné porque don Porfirio Rodríguez no quería enseñar el plano. No aparecía en catastro el plano general y lo convencí yo a que lo entregara. Fuimos a catastro, al departamento agrario y ya se registró.  Cuando ya se triunfó y se dio el fallo a nivel presidencial es cuando ya dijeron “Es fuereño, ¿por qué va a recibir?”  Abel Abúndez

"Esa mesa directiva tiene ahorita problemas porque nos dieron $140 mil a cada uno de 200 personas, pero a muchos los castraron le dieron… Y dieron 35, pero a muchos les dieron de a 50, a otros le dieron… los discriminaron. Siendo aquí del pueblo… ya la mesa directiva ya que estuvo ahora. Digo, eso no se vale, hacer eso, a todos le deben de dar parejo, no que ya no vive.  Sí, pero aquí vivió."  Antonio Rodríguez

DADO QUE YA NO EXISTE BIENES COMUNALES EN TLALTENANGO A PARTIR DE LA INDEMINZACIÓN OTORGADA POR LA SEDENA, AHORA LOS ANTES COMNEROS SE LLAMAN EX-COMUNEROS

IRREGULARIDADES EN LAS TIERRAS DE TLALTENANGO Y DECRETO DE EXPROPIACIÓN
El 14 de septiembre de 1965 un inspector de la Secretaría Agraria encuentra que todos los terrenos reconocidos por la Resolución Presidencial de 1929, a excepción de 8 hectáreas estaban fraccionados sin autorización, pues los vecinos se consideraron pequeños propietarios y vendieron lo que consideraron su pequeña propiedad en fracciones de lotes urbanos.  La autoridad considera que, de ser terrenos comunales, se debe legalizar lo urbanizado, al regularizarse conforme a un plano, las 8 hectáreas se podrán lotificar  y levantarse un censo para los posibles beneficiados.

Decreto de Expropiación de terrenos ejidales del poblado denominado Tlaltenango, municipio de Cuernavaca, elaborado el 26 de mayo de 1989 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 1989. Lo decreta el gobernador Antonio Riva Palacio y la superficie a expropiar es de poco más de 246 hectáreas.
Este decreto y su ejecución lo vivieron las personas de distintas maneras, para algunas resultó de beneficio, pues les ayudó en la división y sucesión hereditaria de parcelas grandes; pero en otros casos, sobre todo para los avecindados y quienes habáin adquirido un terreno grande, fue como casi como si tuvieran que comprar el terreno por segunda vez y hubo desacuerdos muy importantes, algunos se ampararon. Uno de los nativos dijo:


"Pero cuando entró CORETT y nos dio a cada quién las escrituras. No las dio, pagamos, algunas escrituras todavía firmadas con hartos timbres. Se veían bien. [...]A los primeros pobladores le dieron escrituras, porque antes no tenían escrituras. […]  No sé si todavía la tenga. Le digo que tenía rehartos  timbres. Ve que antes con cada pago le ponían un timbre. Y me dicen: - Mire mi escritura y dicen que no valen que hay que hacer nuevas-. Nosotros tenemos escrituras de 1901. Estaban con notario y entonces CORETT dijo que esas escrituras no servían que iban a hacer nuevas. A mi me dieron una firmada por Salinas de Gortari. [...] Yo creo que en muchos lugares no quieren porque dicen que CORETT los está echando su brazo a torcer, ¿no? A amolar pues, porque así piensan cuando llegan.  Cuando aquí llegaron también pensamos: - Ya nos quitaron todo-. Después fue la plática, a los nativos de aquí se les va a dar su escritura por un pago simbólico y yo pagué $650. A mí se me hizo fácil pagarlo porque otros tenían que pagar según el terreno y era demasiado y todavía no pagan, están amparados. Pero como dicen es un decreto, es a fuerzas, no es de que quieran y la mayoría de aquí de terrenos son puras Quintas. Yo cuando pago dicen: - es que usted vive en un lugar residencial, y digo: - pues si los ricos llegaron después, nosotros ya estábamos allí.  Por eso estamos ya por pedacitos. Los ricos son los que compran,  como ésta de al  lado, compró 2,000. Luego fue comprando todo lo de atrás. La de la esquina, … otra que está en el fondo. [...] Mi papá tenía todo, eran 1,500 metros y pagaba mil pesos por todo y se dividió y ahora se paga más. Porque aquí mi papá dejó intestado esto, tuvimos que promover un juicio. Pero ya después, cuando estaba el juicio, le digo a mis hermanos. Ya no le sigan con el juicio que ya entró CORETT y CORETT arregló todo, nada más presentamos las tres escrituras, la de mi papá, y con esa cada quien su escritura y una copia de la escritura antigua. Ahora está planificado por zona, manzana y lote. "
El desacuerdo de muchos habitantes Algunos que no estuvieron de acuerdo, se ampararon. A raíz de esta situación surgió un movimiento de protesta y rechazo, encabezado por un avecindado, quien fungió como miembro del Comité Coordinador Pro-Derechos y Obligaciones de Tlaltenango, sección San Jerónimo, quien argumenta que Tlaltenango no es un área comunal, sino urbana y que esto está contemplado en el Decreto de Portes Gil.  Y dice:
"Tlaltenango, que tenía pequeñas propiedades que eran las que los revolucionarios respetaron como propiedad privada y que siguieron siendo protegidas  por el derecho civil, con toda la protección para hacer subdivisiones. […]  En 1989, proceden a emitir un decreto expropiatorio del ejido de 270 has, de carácter ejidal que conforman el bien raíz de Tlaltenango. […] No son tierras comunales porque no hay cédulas reales, son inventadas. […] Yo nunca encontré las cédulas reales. […]El Decreto Expropiatorio de 1989 cae en la nada jurídica y esas gentes están volando y no lo saben. ¿Cuánto tiempo va a subsistir esto?"
"Se realizó una marcha por el noventa, se activaron los colonos en la llantera La Mundial. Fueron con Nino Canún. [...] Nosotros  a pesar de que somos de aquí, participamos en esa marcha porque decíamos. Bueno, si ya tenemos nuestra escritura privada, ¿por qué? Pero des´pués se nos explicó que era por un costo equitativo y según los  y en cómodas mensualidades"

El testimonio de una avecindada que tiene más de 50 años de residencia en el pueblo:
"La regularización de CORETT resultó en una movilización de todos, que acudieron a varias asambleas y reuniones en la Reforma Agraria y CORETT; pues cuento con escrituras anteriores firmadas ante notario y ahora nos dice CORETT que no son válidas. [...] Al inicio quisieron “cambiarme” las escrituras, pero después se arregló que conservara las dos, la anterior y la nueva que me dieron por un precio simbólico (alrededor de mil pesos). Sin embargo, hasta la fecha no hay claridad entre los habitantes de la situación legal de las escrituras anteriores y las regularizadas, pues algunos notarios aceptan las escrituras anteriores y otros dicen que es necesario regularizar."
      DESALOJO DE COMUNEROS Y PROTESTA
Foto proporcionada por la Sra. Paula Ramírez Alvear.
                                 
"Y vendió, vendió lo que es la Porcuraduría enfrente, vendió esa parte  de atrás de Palmas y Jiquilpan, en ese tiempo era un [funcionario], él vendió esos terrenos. En alguna ocasión quisimos ir a recuperar y la forma hacerlo era invadir esos terrenos, nos decían: - Mira, vamos a hacer eso, esos  terrenos son de Tlaltenango, tu vas, te haces una casita rústica, te plantas ahí a vivir y es una manera  de decir que somos propietarios y se hizo así, pero este señor que estaba en la Procuraduría se dio cuenta y la gente se empezó a alarmar y les decían, vamos a expropiar los terrenos porque son de Tlaltenango y decían:- Pero como si nosotros compramos-,  y - ¿a quien le compró  a usted?-, -no, pues fue fulano-. Lo que hicieron fue llamar a la fuerza pública y agarrar a todos los de Tlaltenango. Eso fue en el sesenta y ocho, sesenta y siete en Jiquilpan nos agarraron en la calle Tabachín, enfrente de la Procuraduría donde hace esquina, enfrente del puente nuevo. Ahí llegó la fuerza pública, nos convocó a ver qué estábamos haciendo y por qué y nos echó a los adultos."
Es posible que hubiera más de un desalojo similar, pues hay algunos relatos relativos. Hubo protesta y algunas marchas hacia la CIudad de México. (Ver foto)

DEPURACIÓN DEL CENSO  EL 12 DE OCTUBRE DE 1991
En la foto se encuentra firmando Porfirio Rodríguez, también encontramos un representante de la Secretaría de la Reforma Agraria y Abél Abúndez. Foto proporcionada por Antonio Rodríguez

"Estaban en el censo y no los podían quitar los que se habían ido. A los difuntos les dieron como 40 mil pesos pero no eran muchos como unos diez.
¿Por qué motivos podrían quitarle sus derechos [como comuneros]?
Muchos porque ya no vivían aquí otros porque …. Ellos renunciaban a sus derechos. Porque querían su dinero, ellos querían el dinero. Querían lo que habían dado porque lo ncecesitaban. Es que  se lleva su tiempo, querían recoger su dinero porque veían que no se hacía nada. Nosotros… Se estuvo peleando por diez años. Nos decían:  - Ustedes tengan confianza, sí se hace y se hizo. Según yo [se desapareció la mitad del dinero de la indemnización]"   Un ex-comunero nativo 
En este censo, no todos los habitantes nativos y ya considerados "comuneros" fueron actualizados en este padrón. Es decir, perdieron sus derechos:

"Fueron excluidas varias personas por venganza, los quisieron relegar, hay conlictos de tipo social, no era conflicto de  familias, por un conflicto que el gobierno benefició al poblado. Los malos entendidos hicieron que las personas que fueron líderes las exzcluyeran como venganza de tipo personal, un pleito de ellos."   Otro ex-comunero nativo

No hay comentarios:

Publicar un comentario